Este articulo está sacado de la revista T. E. (Trabajadores de la Enseñanza , CCOO), y su autor es Agustín Canales Alonso, Secretaría de Politica Edcucativa

fe.cylpoliticaeducativa@fe.ccoo.es

Les dejo el enlace con la revista por si es de su interés.  TE.CyL.nº..[1]

La Ley de Economía Sostenible es para el Gobierno uno de los instrumento prioritarios con el que avanzar hacia un cambio de modelo productivo, que se situaría como escenario deseable en la salida de la crisis. Dicho modelo se ligaría a un impulso significativo de la educación y dentro de ella de la formación profesional. Prueba de ello sería la presencia de la Formación Profesional en el Capítulo VIII del Anteproyecto de dicha Ley.

Si partimos, pues, de la voluntad de enmarcar la formación profesional en la estrategia diseñada para alcanzar ese nuevo modelo productivo, la pregunta que se impone es, si en la LES hay suficientes elementos que prefiguren el modelo que planteamos. Ignacio Fernández Toxo ha afirmado que, aunque la ley es necesaria, puesto que CCOO también apuesta por el mismo cambio de modelo, sin embargo no la considera suficiente en su actual redacción, ya que en ella no se refleja la necesidad de acometer los necesarios cambios estructurales. El reconocido economista Albert Recio, a quien tuvimos ocasión de escuchar hace un par de meses en Segovia, en un curso de formación, señala que es “imposible captar” “en qué se concreta el cambio de modelo económico” y que “poco se encuentra en la propuesta que dé pistas acerca de cómo piensan hacer esa transformación”. “Se mantienen en cambio muchas de las viejas ideas neoliberales desde una nítida voluntad de limitar el tamaño del sector público, como el recurso sistemático a recortes fiscales como medio para promover políticas. No hay en cambio ninguna propuesta que vincule la intervención pública a la sostenibilidad social ni la desigualdad de la renta al modelo productivo”[1].

Por otro lado, el desarrollo de la ley y, en concreto de lo relativo a la “Formación Profesional” supondrá una financiación ingente que se nos presupone, ahora mismo, difícil de materializar, a tenor, al menos, de la situación de las cuentas públicas. Hay que tener en cuenta que hemos terminado 2009 con un déficit público del 10 % del PIB y una deuda pública del 54 % del PIB, y ambas seguían creciendo. Además el Ejecutivo parece haber renunciado a obtener fondos con medidas fiscales que graven el capital y las rentas más altas, recuperando para ello impuestos, como el de Patrimonio, y poniendo coto a un fraude fiscal cercano al 9 %  del PIB (88.000 millones €). El gasto público para 2010 se ha reducido un 3.9 % y si bien el educativo ha aumentado un (pírrico) 2.8 %, la mayor parte de dicho incremento se lo han llevado los ordenadores del “Proyecto Escuela TIC 2.0” (del que habla en otras páginas de esta misma revista). Así las cosas, la más que posible insuficiencia del gasto público convierte esta ley en una vía a la privatización del único espacio educativo, la FP, que hasta ahora había permanecido prácticamente al margen de la misma. Recordemos lo que decía A. Recio sobre la “nítida voluntad de limitar el sector público” de la LES. En esa situación, los conciertos educativos en FP tendrían las puertas abiertas ante la imposibilidad financiera del Estado para aumentar la oferta de plazas públicas. Esto es todavía más preocupante cuando comprobamos que la ley no articula una planificación de la red de formación profesional ni determina la dimensión de la red pública.

El propio articulado del Anteproyecto nos da pistas de que no somos nosotros los primeros en haber pensado en dicha eventualidad. Son significativos artículos como el 95 (“Instalaciones y equipamientos docentes”) que recoge que Las inversiones dirigidas a la construcción y adquisición de instalaciones y equipamientos destinados a los centros públicos de formación profesional podrán ser financiadas, total o parcialmente” por empresas privadas; o el 94 (“Colaboración con las empresas privadas”) que, en su punto 2.c, habla de “La utilización por las empresas de las instalaciones y equipamiento de los centros”. La ley allana el camino a la empresa privada de enseñanza con el artículo 83.2 al establecer que los centros “privados concertados del Sistema Educativo podrán impartir Formación Profesional para el empleo previa comunicación a las administraciones educativa y laboral competente”, es decir, sólo se requiere que se comunique no que la “administración competente” dé la autorización correspondiente. La equidad, con la que a algunos se les llena la boca, puede morir de inanición.

Por otro lado, la nueva FP prevista en la LES afectará, a nuestro juicio negativamente,  las condiciones laborales de los trabajadores de la enseñanza, al permitir y facilitar las horas extras y la movilidad: “El profesorado de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria así como el de Profesores Técnicos de Formación Profesional podrán ejercer sus funciones en los centros señalados[2] anteriormente impartiendo todas las modalidades de formación profesional de conformidad con su perfil académico y profesional. Este profesorado podrá completar la jornada y horario establecido para su puesto de trabajo impartiendo acciones formativas de las otras modalidades. Asimismo, podrán ampliar su dedicación, considerándose de interés público y no sujeta a autorización de compatibilidad(art. 83.6). El sistema educativo, la Formación Profesional, y el conjunto de la sociedad, no necesitan para enfrentarse a la crisis, que los docentes trabajen más horas, sino más profesionales trabajando, el aumento de las plantillas, una amplia red de centros públicos de FP y, en general, el impulso y desarrollo del sistema educativo, así como de otros servicios públicos, como puede ser la sanidad.

Además de todo lo anterior, la ley erosionará la calidad de la enseñanza de la Formación Profesional, al reducir los requisitos de entrada. Así en el artículo 88.2 podemos leer: “El acceso a ciclos formativos de grado medio” se podrá realizar al “Haber superado un programa de cualificación profesional inicial” y en el artículo 89 Los alumnos que tengan el título de Técnico de Formación Profesional podrán obtener el título de Bachiller por la superación de un curso de un año de duración de profundización en competencias clave y formación tecnológica basadas en los objetivos generales del Bachillerato”. Nosotros creemos que la movilidad de unas enseñanzas a otras, de unas etapas a otras, especialmente en la actual coyuntura económica, es positiva, sin embargo esto no se puede hacer a cualquier precio, en detrimento de la educación y de la formación profesional, de su calidad y de la adecuada capacitación de nuestros jóvenes. Como decía un compañero de Murcia resumiendo este último aspecto: “La LES supone una falsa solución al fracaso escolar, una desnaturalización del Bachillerato, un ataque al profesorado y la degradación de la FP”.

Todo esto además se pretende hacer por la “puerta de atrás”, modificando la LOE y la Ley de FP, sin publicidad para que el debate abra el menor número de flancos posible. Se pretende hacer, además, al tiempo que al Ministro del ramo se le llena la boca con iniciativas a favor de un Pacto por la Educación.

Queremos concluir este artículo con otras de las palabras de Albert Recio en el texto antes  citado, que se corresponden a la perfección con lo que hemos señalado hasta ahora sobre el papel de la Formación Profesional en el Anteproyecto de la LES

Tras largos años de vivir en la sociedad de la publicidad hemos aprendido a diferenciar lo que se anuncia del contenido que encubre. Después de tantos años de mixtificación del lenguaje político a nadie puede extrañar que los enunciados de las leyes no se correspondan con la realidad.


[1] “¿Hacia una economía sostenible?”, Cuaderno de crisis/13, en mientrastanto.e., nº 76, enero 2010.

[2] “a) Los centros integrados de formación profesional.

b) Los centros públicos y privados concertados del Sistema educativo que ofertan formación profesional.

c) Los Centros de Referencia nacional”

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