SOBRE LA LEY DE ORDENACIÓN, SERVICIOS Y GOBIERNO DEL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Comunicado

Lo que no dicen sobre esta Ley

 Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León se pasean estos días por la Comunidad ante alcaldes y concejales repitiendo, como un mantra, que, con esta ley (Ley 7/2013, en vigor desde el pasado 21 de octubre), no desaparecerá ningún municipio ni entidad local menor, pero que para que nuestros pueblos puedan seguir manteniendo buenos y mejores servicios públicos sólo queda una: FUSIONARSE o morir.

Esta Ley es un atentado contra la democracia local porque los ciudadanos ya no elegiremos a nuestros representantes directos y más cercanos, nuestros alcaldes y concejales, que además son los que conocen la problemática de cada uno de nuestros pueblos, y no los elegiremos porque nuestros ayuntamientos (de menos de 20.000 habitantes) dejarán de existir. Es una trampa institucional: las competencias de nuestros ayuntamientos pasarán a manos de diputaciones, que no son elegidas por los ciudadanos y son un nido de clientelismo político, caciquismo y corrupción, siendo el refugio para “profesionales de la política” cesantes en otros cargos, que funcionan con una total falta de transparencia; y a manos de las Mancomunidades de Interés General (Mancomunidades Rurales y Urbanas), donde se asentará el bipartidismo PP–PSOE. Es una ley acordada al alimón entre ambos partidos para repartirse los sillones de diputaciones y mancomunidades.

EL ATAQUE A LAS PENSIONES DEL PP EXIGE UNA RESPUESTA SINDICAL Y SOCIAL CONTUNDENTE

El Gobierno del PP ha aprobado en el Parlamento, con su mayoría absoluta, el proyecto de reforma de las pensiones, despreciando las enmiendas a la totalidad de la mayoría de los grupos políticos, así como el Dictamen del Consejo Económico y Social.

Como hemos denunciado reiteradamente desde el Sector Crítico de CCOO, la tan manoseada “sostenibilidad de las pensiones” es un problema político y no económico, que en la actual situación de crisis está sirviendo de excusa para deteriorar las pensiones presentes y futuras. Con argumentaciones falsas, avaladas por informes supuestamente “técnicos”, y sin una participación efectiva de la sociedad, se pretende, una vez más, rebajar las pensiones y con ello el nivel de vida, presente y futuro, de millones de personas y sólo para satisfacer a los grandes grupos financieros de presión provocando una verdadera involución en el modelo de protección social y traicionando los intereses de la mayoría de la población.

– (Propuesta de) DECLARACIÓN –

 ENCUENTRO ESTATAL DE

CARGOS PÚBLICOS POR LA REPÚBLICA

(Organizado por la Junta Estatal Republicana – JER)

 “LA REPÚBLICA NO SÓLO ES NECESARIA,

SE HA CONVERTIDO EN ALGO IMPRESCINDIBLE”

La situación actual de crisis que sufrimos supone una agresión en todo orden a la ciudadanía que pone en tela de juicio el cumplimiento de los valores universales expresados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Desde nuestra función y responsabilidad como Cargos Públicos, en pueblos, ciudades, Comunidades Autónomas, en el Congreso, Senado y Parlamento Europeo, donde ejercemos labores de representación  democrática en puestos de toma de decisiones, elevamos nuestra voz para MANIFESTARNOS CONTRA ESTE ORDEN ESTABLECIDO, contra este sistema descarnado, que, sin ningún tipo de contemplaciones, suma en la pobreza más absoluta a la mayoría ciudadana en beneficio de una minoría, despojándola de sus derechos más básicos, a la vez que limitando libertades y coartando cualquier elemento de participación democrática.

– LLAMAMIENTO –

ENCUENTRO ESTATAL DE

CARGOS PÚBLICOS POR LA REPÚBLICA

La Junta Estatal Republicana ‐ JER, constituida desde enero de 2012 por más de 60 organizaciones y colectivos del movimiento republicano a nivel estatal, con las Juntas Republicanas Locales que se van extendiendo por toda la geografía, tiene por objetivo servir de instrumento para hacer posible de manera más efectiva un espacio común de convergencia plural republicana para avanzar hacia la República.

Una República de carácter federal, laica, participativa y solidaria, que tenga en la ciudadanía y en una democracia real el elemento protagonista y central de cualquier acción de gobierno. Una República que proclame un modelo económico al servicio de las personas, priorizando el valor de lo público, la igualdad, la cohesión social y la defensa del medio ambiente como componentes para una salida justa al expolio de las políticas que están empobreciendo las condiciones de vida, recortando derechos sociales, libertades y mecanismos de participación ciudadana. Una República que dé paso a un nuevo modelo de estado que supere ‐en clara ruptura‐ el modelo actual salido de la transición. Un modelo que se ha demostrado agotado, insuficiente y corrupto a todo nivel, y que tiene en la impunidad del franquismo y en la ilegitimidad de origen de su monarquía, además de institución antidemocrática, sus principales componentes fundacionales que necesitan ser resueltos.

Para alcanzar esta República, la JER reclama de la mejor inteligencia y el más amplio compromiso colectivo para impulsar un Proceso Constituyente Republicano como suma de múltiples iniciativas ciudadanas, políticas e institucionales que posibiliten la creación de conciencia republicana, con propuestas programáticas y poder político ciudadano, como elementos básicos para alcanzar la alternativa que propugnamos. Se trata, por tanto, de trabajar por una potente marea tricolor que devuelva al pueblo lo que en su momento le fue usurpado, estableciendo un modelo de estado con unos valores y contenidos más democráticos que sólo la República está en condiciones de ofrecer.

Solidaridad con los familiares y compañeros de los mineros fallecidos

Comunicado

Ayer morían 6 mineros en un pozo de Pola de Gordón, en León, y otros 5 trabajadores permanecen hospitalizados, debido, al parecer y según dice la empresa Hullera Vasco Leonesa, por un escape repentino de gas grisú.

La Federación Republicanos en Castilla y León quiere expresar sus condolencias y solidaridad a las familias y compañeros de trabajo de los fallecidos. Lo sentimos sinceramente porque son trabajadores, como nosotros, y porque muchos compañeros nuestros estuvieron acompañando y animando a los mineros en su Marcha Negra del verano de 2012.

Luchaban por el mantenimiento de sus puestos de trabajo, por el sustento de sus hijos y familia. Fueron y son un ejemplo de dignidad y lucha.

Hoy quienes llegan a León y derraman lágrimas de cocodrilo, como el Ministro Soria, son los que ayer les negaban el trabajo. Su Gobierno era el que mandaba a la policía reprimir su justa lucha; el que no aprobó unas subvenciones vitales para el sector de la minería. Su Gobierno lleva a cabo una política industrial y económica que desmantela la poca industria de nuestro país e importantes sectores como éste, cuando lo que toca es desarrollar tejido industrial para crear puestos de trabajo. Un Gobierno que sólo beneficia a un puñado de ricos, banqueros y magnates y maltrata al conjunto de los trabajadores y a la inmensa mayoría del país.

Republicanos urge a dilucidar las causas del trágico acontecimiento y apoya los paros convocados por los sindicatos.

Familiares, compañeros, ¡estamos con vosotros! Vuestro dolor es el nuestro.

Mineros, ¡vuestra lucha es la nuestra, la de todo el pueblo!

29 de octubre de 2013.

C. Coordinadora de Republicanos-Castilla y León

Doctrina Parot: ¿podemos pasar página?

Tomado de eldiario.es.26.10.2013

La denominada “doctrina Parot” significaba, según Teresa Rodríguez, un subterfugio para hacer permanecer a presos en prisión tras haber cumplido sus condenas. No debió haber existido, lo que nos hubiera evitado el lamentable espectáculo de una salida masiva de presos, en su gran mayoría condenados por delitos de terrorismo. Teresa Rodríguez Montañés

La Sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) del pasado 21 de octubre de 2013 sobre la denominada “doctrina Parot” era no sólo previsible, sino la única que cabía esperar si hablamos en términos estrictamente jurídicos. El derecho a la legalidad penal y el derecho a la libertad, en juego en el presente caso, constituyen pilares básicos en la arquitectura del Estado de Derecho, a cuyo respeto se ha comprometido el España en su Constitución y al firmar y ratificar una serie de instrumentos internacionales, entre ellos el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que el Tribunal aplica.