La restricción de la población migrante a la sanidad es una medida injustificada y racista que únicamente pretende ocultar la mala gestión de las cuentas públicas buscando un chivo expiatorio, poniendo en riesgo la salud de los sectores más vulnerables y obligando al personal sanitario a renunciar a principios éticos. Las entidades que trabajamos con esta población pedimos a la sociedad española que exprese su rechazo a esta iniciativa que va a dejar sin atención sanitaria a muchos de sus vecinos y vecinas por ser extranjeros sin un contrato laboral que les permita regularizar su situación.

Especialmente, solicitamos al colectivo médico que se rebele contra esta medida y continúe atendiendo a cualquier enfermo sin tener en cuenta su situación administrativa; manifestando su objeción de conciencia a esta medida injusta e inmoral, renovarán el contenido filantrópico de su juramento hipocrático: “No permitiré que consideraciones de edad, enfermedad o incapacidad, credo, origen étnico, sexo, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual, clase social o cualquier otro factor se interpongan entre mis deberes y mi paciente”.

También pedimos a las fuerzas políticas de oposición que denuncien la inconstitucionalidad de esta decisión gubernamental pues existe jurisprudencia que protege los derechos fundamentales de las personas en situación irregular.

El Gobierno del Partido Popular no sólo vulnera el derecho universal y fundamental a la salud con esta medida sino que, además, trata de justificarla con argumentos falaces que refuerzan los prejuicios frente a las personas migrantes. La ministra Ana Mato limitó la entrega de la tarjeta sanitaria a quienes “trabajan como nosotros y pagan sus impuestos”, olvidando cínicamente que carecer de documentación no exime de pagar impuestos indirectos como el IVA y que disponer de trabajo en un país con más de cinco millones de personas desempleadas no depende de la voluntad propia. El “turismo sanitario” al que también hizo referencia la ministra lo practica la población de origen europeo, no las personas indocumentadas dadas las evidentes dificultades de todo tipo que conlleva el traslado de sus familiares a España. Y los “abusos” del sistema sanitario que el Ejecutivo achaca a la población migrante se desmienten con las estadísticas. Los estudios de numerosas instituciones de reconocido prestigio, como la Fundación de Ciencias de la Salud, La Caixa y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, demuestran que la población española acude con más asiduidad al médico de atención primaria o especializada que las personas inmigrantes. Según la Sociedad Española de Medicina General, la población inmigrante y la autóctona acuden al médico por las mismas causas, propias del sector en que trabajan.

Si esta medida entra en vigor, se limitarán los derechos sociales básicos de la población migrante y se agravarían las condiciones de exclusión social que padece este colectivo sin que las organizaciones sociales podamos contrarrestarlo, debido a las dificultades económicas que atravesamos por los recortes de la financiación oficial. Nunca más se podrá hablar de políticas de integración entendida ésta como la no discriminación y la igualdad en derechos de todas las personas. Y el Gobierno se habrá colocado a la cabeza de quienes en Europa practican el racismo institucional.

Foro alternativo de la Inmigración

Mesa de entidades de solidaridad con los Inmigrantes

 

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