banner300Desde que se iniciara la última crisis, a mediados de 2007, la situación económica, política y social se ha ido degradando a marchas forzadas. Los gobiernos de Zapatero y de Rajoy, los distintos gobiernos autonómicos e instituciones del Estado, han volcado las consecuencias de la crisis sobre la inmensa mayoría de los ciudadanos: trabajadores, empleados públicos, autónomos, pensionistas, estudiantes, pequeños y medianos empresarios. En lugar de aplicar programas de progreso y desarrollo social, el Parlamento, institución que debería ser el garante de la soberanía popularha legislado en contra de la mayoría trabajadora y a espaldas de ella, negando en la práctica su participación en las decisiones que les afectan.

La crisis, ha desnudado la naturaleza  del régimen, en el que domina un bloque  formado por un entramado económico financiero y dirigentes políticos,  estrechamente ligados entre sí por fuertes intereses económicos, a los que dan cobertura ideológica conocidos intelectuales  y  medios de información en manos de emporios empresariales sin ningún tipo de control social.

La crisis ha demostrado, también, que la Monarquía, como régimen político, no sólo es incapaz de resolver los problemas y satisfacer las necesidades más vitales de la mayoría social, sino que, por su propio origen, se vuelve cada vez más hostil e incompatible con la democracia y  el progreso.

Las clases trabajadoras no han permanecido en silencio ante el ataque de la oligarquía: desde la llegada del PP al gobierno (conviene no olvidar que con una mayoría absoluta fruto del castigo a las políticas reaccionarias del gobierno Zapatero que le precedió) la movilización ha sido constante y general, aunque dispersa, sin dirección ni objetivos comunes.

Desde hace un año, con el inicio del largo periodo electoral que termina con las próximas elecciones generales de otoño, la vida política en España ha dado un vuelco, con la emergencia de una corriente electoral que rechaza el papel de las organizaciones  políticas de la izquierda y se plantea como objetivo único, el control de las instituciones para llevar a ellas la opinión de los ciudadanos, al margen de ideologías, organizaciones y objetivos políticos transformadores.

Es cierto que la crisis ha dejado clara la insuficiencia de la política institucional de la izquierda, incapaz de dar sentido común y unitario a la explosión de rabia y de iniciativas que ha desbordado las calles durante meses (tres huelgas generales desde 2010 e innumerables movilizaciones parciales, algunas de gran dureza). Pero también lo es que sin el trabajo de miles de militantes de la izquierda, sin sus organizaciones, no hubiera sido posible mantener el espíritu de lucha en unos momentos como los que vivimos, de creciente presión y represión del aparto estatal, cada vez más autoritario y fascistizado, contra quienes protestan sus brutales medidas. De hecho, una de las consecuencias del traslado de la tensión al campo electoral, ha sido la práctica desaparición de la contestación y movilización popular.

Sin ruptura no habrá cambio.

Todos compartimos la necesidad de expulsar al PP de las instituciones y  reconstruir el campo de la izquierda sobre la base de la unidad, para avanzar en la articulación de un bloque popular que haga frente  a la situación de emergencia social que vivimos. Estamos también de acuerdo en el diagnóstico de la situación, en la necesidad de un programa anticrisis, en las medidas sociales y económicas prioritarias que le den contenido, en la misma idea de “reconstruir la izquierda” sobre la base de la unidad, con espíritu constructivo y generoso.

Sin embargo ese programa anticrisis, la democracia misma, no son posibles en el actual marco de un régimen agotado, heredero del franquismo y que mantiene en lo esencial su estructura política, administrativa, judicial, etc.; un régimen que cercena, o limita dentro de  márgenes inasumibles para la mayoría social, cualquier expresión política de la voluntad popular. Sin unas bases nuevas que permitan avanzar más allá de los límites que nos imponen la Transición y la Constitución del 78, el régimen puede asimilar el descontento, expresado en las movilizaciones y determinados proyectos políticos nuevos.

Por eso somos muchos los que pensamos que sería un error limitarnos a remozar con algunas caras nuevas parte de la dirección y de los representantes institucionales de la izquierda y que deberíamos aprovechar para cambiar sus políticas que se han demostrado incapaces de impedir la paulatina pérdida de fuerza e iniciativa de la mayoría trabajadora.

Somos muchos los que pensamos que la unidad popular debe poner en cuestión y romper con el entramado institucional-político de la monarquía y la izquierda debe recuperar los objetivos políticos que dan sentido y viabilidad a sus programas sociales.

Sin República, no habrá cambio

El régimen del 78, la dictadura efectiva de la minoría, tiene como expresión, simbólica si se quiere, pero innegable,  la monarquía. Y así lo entendió el bloque dominante cuando, en junio de 2.014, frente al hartazgo de la mayoría social y el descrédito de la institución monárquica, aceleró con la máxima precipitación los trámites para la abdicación de Juan Carlos de Borbón en la persona de su hijo Felipe, en un intento de remozar la imagen deteriorada al extremo de una institución anacrónica, enredada en continuos casos de corrupción y cuya existencia solo se justifica en la necesidad de mantener el marco institucional y político que da forma efectiva a su poder. El pueblo respondió a la maniobra sucesoria con masivas manifestaciones a favor de la República, de la soberanía popular, por la reinstauración de la forma de Estado legítima.

Por eso, somos muchos los que pensamos que la República es la expresión simbólica y al tiempo la clave de bóveda de un cambio institucional, jurídico y en la correlación de fuerzas sociales, que haga posible la adopción de las medidas que anhelan hoy millones de ciudadanos: progreso social y económico, pleno respeto de las libertades y derechos democráticos y efectiva soberanía de la mayoría trabajadora sobre su destino. Somos muchos los que pensamos que, sin República, no habrá cambio.

El desastre social que vemos a nuestro alrededor no es fruto de una condena bíblica ni de una maldición. La devastadora crisis económica y la quiebra del modelo político, basado en dos partidos que responden a los intereses económicos de la oligarquía  y de los organismos económicos internacionales, hace urgente una alternativa política capaz de devolver la ilusión y la esperanza a los ciudadanos y colocar al país en la senda de un desarrollo económico sostenible y justo socialmente.  Disponemos de recursos materiales y humanos suficientes para asegurar el futuro de las jóvenes generaciones, para que nuestro pueblo disponga de sanidad, educación, vivienda y empleo.

Somos una inmensa mayoría de ciudadanos honestos, y ellos una minoría, con mucho poder económico y mediático, pero nosotros tenemos la dignidad, tenemos la razón, y tenemos el ejemplo de esos millones de hombres y mujeres que trajeron la República en 1931 y fueron capaces de dar su vida para defenderla. No nos resignamos. Vamos a recuperar la libertad y la soberanía nacional. Podemos y debemos hacerlo.

Los firmantes de este escrito llamamos a las organizaciones y gentes de la izquierda a trabajar unidos por estos objetivos realmente transformadores. Se lo debemos a los luchadores que nos precedieron, que en las durísimas condiciones de represión fascista, arriesgaron su vida para arrancar las libertades que hoy disfrutamos; se lo debemos sobre todo a las nuevas generaciones condenadas al paro, al trabajo precario, al exilio laboral y a la amenaza constante y real de ver limitadas sus expectativas vitales; y nos lo debemos a nosotros mismos, porque no hay otra salida, salvo seguir consintiendo que una minoría siga marcando las políticas públicas, haciendo las leyes e ignorándolas a su antojo y destruyendo las conquistas que tanto esfuerzo ha costado alcanzar.

Septiembre de 2015

Para firmar el manifiesto en la web  Federación de Republicanos

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