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El Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local forma parte de una nutrida serie de reformas administrativas que, amparadas en su presunta eficacia y funcionalidad, se traducen en menos democracia, menos servicios públicos y un feroz intervencionismo centralista y vertical.

El espíritu de esta reforma no es que los servicios, a los que tienen derecho todos los ciudadanos, lleguen a todos los rincones del territorio… el espíritu de esta reforma es:

1.- El cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, estableciendo un control rígido sobre la gestión local que pone en cuestión la propia democracia local al limitar el margen de acción de gobiernos elegidos directamente por los ciudadanos y convertir a las Corporaciones Locales en un mero apéndice de los gobiernos estatal y autonómico, despreciando a los Ayuntamientos, como parte del Estado, en pie de igualdad con las demás administraciones.

Las cifras nos dan idea de que, en el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria dentro del conjunto de las administraciones publicas, la administración local no es prioritaria ni significativa:

Las estadísticas oficiales del 2012, manejadas por el Banco de España e incluidas en el Protocolo de Déficit Excesivo, señalan que la deuda total de las corporaciones locales supuso el 4 % del PIB, frente al 66,6 % de la Administración Central y al 17,6 % de las Comunidades Autónomas.

En el reparto de la deuda municipal, las capitales de provincia suman el 38,4 % del total, destacando las 6 ciudades más grandes (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y Zaragoza) con el 28 % del total de la deuda. A pesar de estos datos el Anteproyecto de Ley establece unos criterios objetivos que sólo son de aplicación a los municipios de menos de 20.000 habitantes, es decir a los de menos peso, menor financiación y por tanto más propensos a no cumplir con los criterios establecidos y en consecuencia a caer en manos de las Diputaciones Provinciales.

El anteproyecto de ley limita las competencias de las entidades locales, fortaleciendo a las diputaciones provinciales que asumirían parte de las competencias hasta ahora prestadas por los municipios. Ya que los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que no consigan prestar los servicios mínimos de su competencia dentro de los estándares económicos establecidos, cederán estos servicios a las diputaciones provinciales por decisión autonómica, atentando, claramente, contra el principio de autonomía local y estableciendo una jerarquía entre las administraciones que rompe el concepto territorial del Estado.

Este Anteproyecto de Ley otorga un papel determinante a favor de las diputaciones provinciales que  representan un tercio de las entidades locales, no son elegidas por los ciudadanos y son un nido de clientelismo político, caciquismo y elitismo en la representación política, siendo el refugio para “profesionales de la política” cesantes en otros cargos; funcionan con una total falta de transparencia lo que genera corrupción y coartan la soberanía municipal.

Un presupuesto cercano a los 6.000 millones de euros, del que el 80% va destinado al gasto corriente, una deuda desbocada cercana a los 6.500 millones de euros y 15 millones de ciudadanos pendientes de sus controvertidas decisiones, son algunas de las cifras que acompañan a las Diputaciones españolas, un mastodonte decimonónico, controlado en el 70 % por el PP, que pretende reforzarlas, sencillamente, porque en ello le va la gestión de nada más y nada menos que de 3.823 millones de euros.

Las Diputaciones Provinciales asumirán el traspaso de competencias de un 95 % de los ayuntamientos (los de menos de 20.000 habitantes) por cuestiones estrictamente económicas. Pero lo más grave es que esto supone el traspaso del poder democráticamente obtenido por personas designadas por los ciudadanos a través de las urnas, a personas designadas por los grandes partidos.

2.- Favorecer la iniciativa privada. Las nuevas competencias que asumirán las diputaciones provinciales serán la puerta de entrada de grandes empresas privadas que prestarán los servicios para los que dichas instituciones no cuentan con la organización ni el personal suficiente. Estas empresas harán estos servicios sin control ni fiscalización, añadiendo leña a las ya existentes prácticas de corrupción. Es evidente que se dejarán de prestar muchos servicios y los que queden se prestarán con una calidad inferior, pues parece que el único criterio a tener en cuenta será el coste económico: se recorta lo público en beneficio de los intereses económicos privados. En definitiva, la gestión de muchos servicios públicos quedará, por imperativo de esta Ley, sometida a la iniciativa privada, o lo que es lo mismo, sometida a criterios económicos de rentabilidad, por encima de los criterios del beneficio, de la rentabilidad social y del servicio al ciudadano, que pasan a estar en un segundo plano.

3.- Clarificar competencias para hacer efectivo el principio “una administración una competencia” que lleva a que las CCAA asuman en solitario servicios como Sanidad, Educación,  Igualdad, Juventud o Empleo, el acceso a centros de día para la tercera edad, la atención a mujeres maltratadas, servicio a domicilio,… Esta decisión supone un recorte de unos 532 millones de euros que el Estado dejará de aportar al presupuesto de Servicios Sociales (que es de unos 1.330 millones de euros en total), y que, para seguir funcionando como hasta ahora, deberían pasar a aportar las Comunidades Autónomas, algo que hoy en día  resulta prácticamente inviable, dado el nivel de ajuste al que se están viendo sometidas para cumplir con el objetivo de déficit. Por tanto, la consecuencia de esta medida será la reducción o eliminación de estos servicios, puesto que la cuestión que está detrás de la reforma no es quién debe prestarlos (desde un punto de vista de eficiencia, eficacia, cercanía al ciudadano, etc.), sino que lo que pretenden es eliminar servicios básicos poco rentables económicamente, aunque tengan un gran valor social y comunitario y adelgazar las plantillas para hacer  rentable la venta o concesión administrativa a empresas privadas.

Las repercusiones que tendrá esta reforma en el personal al servicio de la administración local, será enorme. CCOO, en su informe sobre el anteproyecto de Ley de 28-07-2013, dice que según sus estudios podrían quedar en el paro cerca de 200.000 empleados públicos. La puesta en práctica de esta reforma incluye “un plan de redimensionamiento para adecuar las estructuras organizativas y laborales”, que se traducirá en despidos colectivos o despidos por causas objetivas del personal al servicio de la administración local.

El anteproyecto tiene también su medida populista: impondrá unos topes a la retribución de los cargos públicos fijando unas tablas salariales en base a criterios de población y de los sueldos de los Secretarios de Estado, limitando, asimismo, el número de personal de confianza que coincidirá con el número de concejales del Ayuntamiento de que se trate. Estos criterios llevan a que una misma responsabilidad se pague con diferente cuantía, perdiendo, como siempre los más pequeños y los menos poderosos…

Independientemente  de que los sueldos deban ser más austeros y de que los políticos deban saber ganárselos, lo que sí que está claro es que en los sillones de los concejales de los ayuntamientos medianos se sentaran únicamente los ricos y los liberados a dedo. Mientras nos dicen que ahorran por nuestro bien, los ricos nos están cerrando las puertas para acceder a un cargo público, para hacer y desplegar una política en contra de lo que ellos representan, de sus intereses, y a favor de la mayoría social. Sólo podrán ser concejales quienes no sean asalariados. Este anteproyecto de Ley expulsa en la práctica a los trabajadores de la política municipal. Esta es su “democracia”.

REPUBLICANOS considera que esta reforma de la administración local es un ataque al municipalismo, una agresión a los servicios públicos y sociales de proximidad al ciudadano, y su desmantelamiento, que deteriora la ya escasa calidad democrática y las condiciones de vida de muchos ciudadanos.

Por todo lo expuesto, REPUBLICANOS rechaza este Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la administración local y se reitera en la defensa de:

– La autonomía municipal.

– Los servicios públicos.

– Una profunda organización de los recursos de las Corporaciones locales que generen más democracia, más transparencia y mayor participación y control de los ciudadanos.

– Eliminación de las Diputaciones Provinciales.

Madrid, septiembre de 2013

 

Comisión Permanente de Republicanos

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