CriticosCCOO_solo[1]La publicación del Informe del comité de expertos sobre el Factor de Sostenibilidad del sistema Público de Pensiones ha generado alarma entre la población en general y en nuestra afiliación en particular, fruto de la posición del representante de CCOO en dicha comisión, por los argumentos que proporciona al Gobierno del Partido Popular para seguir erosionando las pensiones, los incomprensibles errores de nuestra organización sindical en todo lo relativo a este informe y la debilidad de la explicación posterior de la dirección confederal de nuestro sindicato. Ello nos obliga, a quienes conformamos el sector crítico de Comisiones Obreras a intentar profundizar y analizar la situación actual y la posición a adoptar ante un tema tan vital, como es el de las pensiones públicas.

El objeto de este documento no es un análisis exhaustivo del Informe, sino situarnos ante los acontecimientos presentes y futuros.

Se han cumplido las peores previsiones que ya indicábamos en nuestro documento de

Junio “EL SECTOR CRÍTICO ANTE LA SITUACIÓN ACTUAL”, donde se informaba de que gobierno de Rajoy había nombrado a un grupo de expertos, la mayoría afines a la gran banca o a las compañías de seguros, con presencia de CCOO y UGT, para hacer un primer diseño de otra nueva reforma del sistema de pensiones. Y avisábamos que “Previsiblemente, dicha reforma se centrará en definir el llamado ‘factor de sostenibilidad’, que supondrá endurecer los periodos de cálculo y nuevo recorte de las pensiones actuales y futuras”

El gobierno del PP ha aprovechado, en su lógica de recortes y desmantelamiento del sistema de prestaciones sociales, la introducción de un llamado factor de sostenibilidad en la reforma pactada por CCOO y UGT, con la patronal y el gobierno de Zapatero en

2011.

Dicha reforma, que aún no ha desplegado todos sus efectos, ya incluía, desde nuestro punto de vista, elementos lesivos para los trabajadores y trabajadoras. Establecía grandes recortes en las pensiones –por eso el Sector Crítico rechazó la misma supuestamente para garantizar su futuro y blindarlo de presiones futuras. Es evidente que aquellos esfuerzos han sido amortizados en pocos meses.

La elevación de la edad de jubilación hasta los 67 años, el incremento del periodo de cotización exigido para jubilarse con el 100% de la base reguladora y el incremento del periodo de cálculo no han servido para mantener las pensiones al margen de las políticas de austeridad.

Ahora el gobierno utiliza la situación de déficit de la Seguridad Social, motivado por la importante caída de las cotizaciones (incremento del desempleo y devaluación de los salarios) como excusa para promover una reforma estructural y anticipar la aplicación del factor de sostenibilidad.

Las propuestas que se incorporan a través del falso factor de sostenibilidad no dejan lugar a la duda: se introducen fórmulas que devalúan la pensión sobre la base de la mejora de la expectativa de vida, se establecen mecanismos de ajuste en función de la evolución de los ingresos y del número de pensionistas con la misma orientación de rebajar la pensión que corresponde a cada persona, se desvincula la actualización de las pensiones de la evolución de los salarios o del IPC y todo ello se hace con oportunismo y con crueldad, en un momento en el que se considera que la sociedad está dispuesta a transigir ante el sufrimiento que lleva acumulado y la amenaza de un futuro incierto.

Además de los factores económicos, motivados por la reducción coyuntural de de los ingresos y una supuesta regla de equilibrio necesario entre ingresos y gastos, se argumenta la necesidad de los recortes por las proyecciones demográficas, por el incremento de la esperanza de vida de manera más específica. Conviene recordar que la esperanza de vida es un indicador demográfico que encierra importantes diferencias sociales y precisamente las personas con menos recursos económicas viven menos y también en peores condiciones. Las desigualdades sociales en este sentido se convierten en un factor de solidaridad hacia las clases acomodadas. Los expertos no han dicho nada al respecto, un “olvido” difícil de entender.

Igualmente, el Informe plantea desligar la revalorización anual de las pensiones vigentes, desvinculándolas al IPC, lo que puede llegar a producir, según se aplique (con “suelo” o tope, o sin él), no ya una pérdida de poder adquisitivo, como en estos dos últimos años, sino una bajada del importe real de la pensión. Una cuestión que puede entrar en flagrante contradicción con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en relación con el Art. 41 de la Constitución.

El informe es una mentira interesada, revestida de elementos técnicos y adornada de un falso discurso de objetividad y neutralidad. Ni su diagnóstico ni sus conclusiones resisten un examen riguroso. Se instrumentalizan las predicciones demográficas y se obvia cualquier tipo de análisis sobre los elementos económicos que rodean al sistema de pensiones para concluir, de manera forzada, que el mismo es insostenible. En definitiva, viene a construir el argumentario que necesita el Gobierno para proceder a un nuevo hachazo a los derechos de los trabajadores y trabajadoras, satisfacer las demandas de la troika tras el rescate bancario y privatizar una de las columnas vertebrales del estado del bienestar para transformarlo en negocio de quienes han propiciado la crisis y han estafado a la ciudadanía. El cuestionamiento y deterioro de las pensiones públicas tiene el objetivo no declarado de promocionar los sistemas complementarios de pensiones que, pese a presentar unos resultados negativos en los últimos años, (no se puede olvidar que su rentabilidad en muchas ocasiones se vincula a los mercados financieros especulativos), no han merecido la atención de los expertos.

Quizá para no desnudar la verdadera intencionalidad de la lógica político‐económica subyacente al cuestionamiento sistemático de los sistemas públicos.

Nuestro sistema de pensiones es uno de los más baratos de la Unión Europea, su coste global está entre 2 y 5 puntos porcentuales por debajo de los de la UE, los importes de sus pensiones contributivas son un 25% inferior a la media europea y un 50% en el caso de las no contributivas. En el caso de las mujeres la diferencia es todavía mayor ya que sus pensiones son, de media, un 39% menores a las de los hombres en la UE y un 34% en España.

En este contexto es totalmente incomprensible el voto favorable al Informe, del experto enviado por CCOO, a su vez responsable del gabinete económico Confederal, así como su Escrito del 19 de junio a la Comisión del Parlamento, con su posición, sin que hasta ahora se haya dado una explicación convincente, ni exigido responsabilidad alguna, lo que ha puesto en grave riesgo la credibilidad de nuestro sindicato en un momento tan delicado como el que está pasando.

En estos momentos es imprescindible y exigible la máxima claridad en las actuaciones del sindicato. No podemos seguir equivocándonos, ni mirar para otro lado, Existe una responsabilidad que debe depurarse y eliminar cualquier duda que pudiera recaer sobre nuestra organización sindical.

La posición de intentar “gobernar el sistema desde dentro” nos ha llevado, en reiteradas ocasiones, a favorecer reformas que, lejos de situar la pensiones fuera de las presiones especulativas, vienen a reforzar la excusa neoliberal de una supuesta necesidad de aceptación de recortes sociales como única vía de salida de la crisis.

El Sector Crítico, manifiesta:

a) Es absolutamente intolerable y nos opondremos a cualquier recorte de pensiones que se pretenda imponer y/o negociar. El sistema de Seguridad

Social no está en peligro. Ante la posible apertura de un nuevo proceso de negociación alrededor de esta materia, Comisiones Obreras debe contar con una plataforma reivindicativa que debe ir más allá de defender mantener el diseño que actualmente está vigente. La Ley 27/2011 contiene elementos que deben revertirse desde el momento en que se demuestra que no sirven para blindar el sistema sino empobrecerlo.

Recuperar la edad de 65 años como edad legal de jubilación en todos los casos, recuperar el periodo de cómputo de cara al cálculo de la Base Reguladora de los últimos 15 años, recuperar los 35 años de cotización para el acceso a una pensión sin coeficiente reductores derivados de la carrera profesional, eliminar todos los recortes que se han impuesto en el subsidio por desempleo de mayores de 52 años, subsidio íntimamente ligado a los derechos de jubilación del trabajador o trabajadora y establecer un sistema razonable y satisfactorio de jubilación anticipada y de jubilación parcial, deben ser cuestiones que, de forma ineludible, deben contemplarse en las propuestas de CC.OO. y defenderse como elementos esenciales del sistema en el proceso de negociación.

b) Es imprescindible que, como se aprobó en el último Congreso Confederal, se estudie el impacto de género de cualquier medida dirigida a modificar nuestro ya insuficiente sistema de pensiones. Las mujeres en España son las perceptoras de las pensiones de menor cuantía y de la mayoría de las no contributivas.

c) El compromiso de la C.S. de CCOO con la defensa del sistema de pensiones debe ser total y absoluto. Cualquier actuación del Gobierno dirigida a recortar derechos que actualmente se protegen en el sistema de Seguridad Social debe ser contundentemente contestado por el sindicato con las movilizaciones que sean necesarias, incluida la Huelga General.

d) Proponemos que dado que las pensiones son algo fundamental para el futuro de millones de personas, el sindicato debe organizar un verdadero debate técnico y político, abierto a la ciudadanía, donde se elabore un auténtico plan con alternativas, conocidas y respaldadas por el conjunto social, incluso a través de un referéndum.

Cualquier proceso de negociación que lleve a cabo CCOO debe ser un ejercicio de transparencia y de información a la sociedad en su conjunto y, los posibles acuerdos que pudieran suscribirse, deberán contar con el respaldo mayoritario de nuestra afiliación tras un proceso de debate, consulta y participación. La legitimidad del proceso se debe ganar también, y es un elemento fundamental, en la forma de toma de decisión, nos jugamos mucho de la credibilidad del sindicato. Venimos demandando al Gobierno que someta su política económica a Referéndum ya que está muy distante de aquella con la que se presentó a las últimas elecciones generales, por ello es más necesario que nunca, comprometer al sindicato para que cualquier toma de decisión que pudiera adoptarse, no puede circunscribirse exclusivamente al ámbito de los órganos de dirección y debe contar con la participación del conjunto de la afiliación.

4 de julio 2013

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