En un contexto de volatilidad de precios, la Comisión vuelve a decepcionar y deja la alimentación en manos de los fondos especulativos. No contempla medidas de regulación y control de los mercados ni de la cadena agroalimentaria.
– Rechazamos la propuesta porque ahonda en los errores que han llevado al campo a la crisis actual; ayudas desligadas de la producción, (que favorecen a los grandes propietarios de tierras absentistas), desregulación de los mercados y eliminación de la preferencia comunitaria. – El sistema de pagos propuesto origina una transferencia de rentas de profesionales activos, (zonas productivas de regadío y ganaderos), hacia tierras improductivas e inactivas de gran base territorial. La política de ayudas continúa siendo indiscriminada e injusta.

– En el periodo 2011-2019, las ayudas comunitarias a los agricultores españoles se verían reducidas un 17%, lo que da al traste con el carácter estratégico del sector agrario.

Madrid, 12 de octubre de 2011. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera alarmante la propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC), presentada hoy por la Comisión Europea en Bruselas, porque pone en peligro el modelo social de agricultura, el tejido productivo y la seguridad alimentaria de Europa.

COAG rechaza esta propuesta porque profundiza en los errores que han llevado al sector agrario a la crisis actual: ayudas desligadas de la producción, (que favorecen a grandes propietarios de tierras absentistas en detrimento de la agricultura productiva, profesional y generadora de empleo), desregulación de los mercados y liberalización del comercio agrícola, caldo de cultivo para la volatilidad de precios y especulación, ( que para los agricultores/as está suponiendo precios a la baja y aumento de costes), y para una mayor dependencia del exterior en cuestiones alimentarias. Además, COAG considera el pago por “verdeo” una “pseudo-medida ambiental”, que provocaría un trasvase injusto de ayudas a favor de las explotaciones con más dimensión, absentistas e improductivas.

“El modelo más sostenible y verde de agricultura pasa por mantener en nuestros campos a los agricultores y ganaderos profesionales, que generan empleo, gestionan el 80% del territorio, preservan el paisaje y mantienen vivo el medio rural. Sin embargo la UE, sorprendentemente, “tiñe de verde” la PAC priorizando la superficie y no la producción, obviando que sin cultivar, la tierra es un desierto de arena”, ha apuntado Miguel López, Secretario General de COAG. Esta organización propone un pago directo al activo agrario, siempre condicionado al cumplimiento de compromisos de actividad productiva, empleo, sostenibilidad medioambiental, condiciones socio-laborales, de calidad y seguridad alimentaria.

De forma más concreta, podemos establecer el siguiente análisis:

Mercados agrarios. Resulta muy decepcionante que las propuestas de la Comisión Europea no contemplen instrumentos públicos efectivos para regular y estabilizar los mercados agrarios. Por el contrario, se sigue adelante con la desregulación, proponiendo eliminar cuotas de producción (azúcar y leche) y derechos de plantación (viñedo). Ni siquiera se plantea actualizar los desfasados umbrales de intervención y almacenamiento privado, (caso del aceite de oliva), que se aplican a un número limitado de productos. “En un contexto de volatilidad de precios en los mercados mundiales de materias primas es incomprensible que la UE no baraje medidas para poner orden y control. El 70% de la renta de los profesionales agrarios viene por el mercado, y si no conseguimos estabilizar los precios, nos abocan a vender por debajo de costes y en breve, a echar el cierre. Europa no puede dejar la alimentación en manos de los fondos especulativos”, ha apuntado López.

Ayudas directas compensatorias. La propuesta de Reglamento de Pagos Directos de la Comisión Europea implanta un sistema de ayuda por hectárea o superficie, completamente desacoplado de la capacidad productiva y la actividad desarrollada en las explotaciones, de forma que favorecerá a aquéllas explotaciones con gran base territorial, mientras perjudicará a otras con poca base territorial y alta productividad. Por tanto se refuerza a la propiedad de la tierra en detrimento de los profesionales y activos agrarios y el modelo social de agricultura.

COAG rechaza rotundamente este modelo de ayudas, que puede llevar al sector agrario español a situaciones dramáticamente injustas como puede ser la transferencia de rentas desde cultivadores de regadío y ganaderos hacia grandes propiedades latifundistas. A todo ello se uniría que, según los cálculos realizados sobre la propuesta de perspectivas financieras de la UE, en el periodo 2011-2019 las ayudas comunitarias a los agricultores españoles se verían reducidas un 17%.

Acuerdos comerciales terceros países. La liberalización comercial de los intercambios agrícolas está detrás de la desregulación, especulación y volatilidad de los precios que está afectando a las producciones agrarias en los últimos años. Es imprescindible que todas las regiones del mundo dispongan de los instrumentos para garantizar su propio modelo de agricultura y alimentación en el marco de la soberanía alimentaria.

Paralelamente, no podemos continuar con la hipocresía de aceptar importaciones de países terceros, sin ningún control ni exigencia en cuanto a normas ambientales, sociales, laborales y de calidad y seguridad alimentaria que la Unión Europea impone a sus propios agricultores. Adicionalmente, debe ser obligatorio informar a los consumidores, por ejemplo en el etiquetado de los productos agroalimentarios, acerca del proceso productivo y las normas que se han cumplido en la producción, transformación y comercialización.

Cadena alimentaria. En opinión de COAG, la figura de la Organización de Productores (OP), como herramienta para concentrar la oferta y vertebrar el sector productor en origen, no encaja en la estructura de nuestro sector productivo. Consideramos que la vertebración económica del sector productor debe realizarse a través de la integración cooperativa y que la negociación colectiva de precios y la homologación de los contratos debe poder realizarse en el seno de las organizaciones interprofesionales (OIAs) de todos los sectores.

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