Durante los años de gobierno del Partido Popular se llevó adelante la liberalización del suelo. Todo el suelo podría ser declarado edificable si los ayuntamientos tomaban una decisión en ese sentido. El objetivo declarado era lograr supuestamente un descenso de los precios de la vivienda actuando sobre la cantidad de suelo disponible, al existir más suelo para construir, la doxa neoliberal establece que la bajada de este coste implicaría el descenso de los precios finales. No fue así. El resultado fue la acumulación de suelo en manos de las grandes empresas constructoras o de una miríada de empresas constituidas ad hoc por propietarios locales con buenos contactos políticos. Y esa ingente cantidad de suelo acumulado en muy poco tiempo en pocas manos era retenido y construido con un claro afán especulativo; quienes compraron suelo disponían de capital y recursos y pudieron mantener los precios altos; la mano invisible fue en realidad una mano de hierro que no deseaba renunciar a una alta tasa de beneficio, si el suelo fue más barato gracias a la liberalización, el nuevo propietario podría aprovechar tal circunstancia para aumentar su tasa de beneficio, por lo que los precios finales no bajaron en modo alguno. Los compradores podían acceder a la propiedad obteniendo hipotecas en una época que todavía era de tipos bajos, por lo que la demanda quedó amparada por el crédito, aumentó la deuda de las familias, aumentó la dependencia de todo el sistema financiero español del exterior, pues con el déficit de ahorro de los españoles, bancos y Cajas sólo podía cubrir el desfase acudiendo al sistema financiero internacional.

Hubo varios actores principales en este proceso, y un actor necesario en todos los casos, las Cajas de Ahorro, quizá más que los propios bancos. Los actores principales fueron las grandes constructoras. Estas empresas habían recibido un gigantesco impulso con los planes de modernización de infraestructuras de comunicación que se llevaron a cabo en España en los años ochenta y noventa; todas las mejoras en la red de carreteras, en las ciudades, en la construcción de la red de autovías y, por supuesto, en la gran red de ferrocarriles de alta velocidad (AVE, Ala Velocidad Española), se habían beneficiado de los Programas Europeos de ayuda que fluyeron hacia España en aquella época, es decir, una inversión keynesiana de gran alcance y que explica en cierto modo la gran transformación del paisaje español desde los años ochenta. Las constructoras españolas lograron grandes contratos y grandes beneficios y profundizaron además su extensión internacional. Cuando en lo años noventa los fondos estructurales europeos comenzaron a decaer, la masa de capital disponible por las constructoras era todavía ingente. La liberalización del suelo les permitió acaparar grandes extensiones en las zonas circundantes a las grandes ciudades o en los nudos de comunicaciones nuevos. Tenían el capital para comprar suelo y para retenerlo o aguantar los precios finales hasta encontrar compradores. De esta forma los ciudadanos que deseaban una vivienda se encontraban con que, pese a la liberalización —o precisamente por ella—, los precios eran muy altos y la única forma de conseguir una era entregándose a los bancos.
Hemos calificado de actor necesario a las Cajas de Ahorro. Es preciso explicar primero algunas cuestiones sobre las Cajas de Ahorro españolas. Son las instituciones de ahorro y crédito con mayor tradición en España y han estado ligadas siempre al servicio público, a disposición de los ciudadanos sencillos. Las Cajas no son bancos —o no lo eran— pues su propiedad no se basa en el sistema de sociedad por acciones. Las Cajas son regidas por una alianza entre los representantes del estado —ayuntamientos, comunidades autónomas—, los trabajadores de la propia entidad —mediante la representación sindical— y los propios impositores, elegidos en asambleas. Son instituciones públicas regidas derecho público y con una finalidad social, estando obligadas a reinvertir sus beneficios en lo que en España se llama «obra social». Las Cajas no tienen accionistas, se deben a la sociedad, obtienen sus beneficios de la actividad bancaria normal y de su política de inversiones, con obligaciones claras de apoyar actividades de utilidad pública y apoyar con su crédito a las empresas pequeñas y medianas. El banco central, el Banco de España, y la autoridad del gobierno central velaban por el respeto a estas reglas de juego. En los años noventa, los gobiernos del partido socialista y del partido popular destruyeron la completa y competitiva red española de banca pública (la corporación «Argentaria») entregándola a los bancos privados; quedaban solamente, por tanto, las Cajas de Ahorro como banca pública y con obligaciones sociales.
Para comprender el proceso seguido que llevaría a la crisis del sector inmobiliario debe entenderse bien el papel jugado por las Cajas. En España, el estado democrático nacido en la transición desde la dictadura fascista de Franco, había establecido un modelo territorial descentralizado: las comunidades autónomas. Las Cajas de Ahorro siempre habían estado muy ligadas a un territorio, fuera una ciudad, una provincia, una comarca o una región. Al crearse las Comunidades Autónomas, por un lado, y producirse, en paralelo, el declive de la banca pública, cuyo sacrificio fue exigido por el sistema bancario privado, las Cajas de Ahorro, gracias a su sistema de dirección basado en la participación de políticos, sindicalistas y ciudadanos (estos con mucho menos poder), pasaron a convertirse en la banca pública indirecta al servicio de quienes controlaban políticamente ayuntamientos o regiones, comunidades autónomas. La nueva división administrativa y política del territorio creo nuevos centros de poder político y las Cajas pasaron a tener un peso importante en esos nuevos escenarios. La sociedad democrática tenía a su disposición un sistema bancario público alternativo y mucho más cercano al territorio y a la gente que las grandes estructuras bancarias nacionales privadas.
Esta unión de intereses locales, cercanía a los ayuntamientos y gobiernos regionales y al tejido empresarial local situó a las Cajas de Ahorro en una posición privilegiada en la era del suelo barato fruto de la liberalización. Las grandes constructoras estaban ligadas a los grandes bancos nacionales privados y al poder central, y no tenían problemas de liquidez en esos momentos. Pero el nuevo modelo territorial permitió la proliferación de nuevos actores. Actores locales, muchas veces con intereses compartidos con la política y los partidos en el ámbito local y regional. Al combinarse las sinergias existentes entre empresarios locales, emprendedores de todo tipo, políticos locales (concejales, alcaldes, gobiernos regionales) y las necesidades de los ciudadanos, comenzaron a aparecer «las oportunidades», es decir, comenzó una carrera por obtener suelo y situarse en posición para lograr una parte de los grandes beneficios que una era con suelo barato prometía. Las grandes constructoras se encontraron con competidores. Aquí es donde entraron en escena las Cajas de Ahorro. En numerosos casos, el control «político» de las Cajas permitió financiar grandes proyectos inmobiliarios con dinero salido del ahorro de los ciudadanos, o con dinero arrebatado a la inversión industrial local que hasta entonces caracterizó a las Cajas. Se pasó de apoyar a las familias y al tejido productivo real, para comenzar a emplear los recursos financieros propios a operaciones especulativas con protagonistas locales. Una empresa pequeña, creada ad hoc, incluso con un capital muy reducido y sin recursos propios, podría iniciar una andadura como empresa constructora de cierto nivel si contaba con los apoyos políticos necesarios en los Consejos de Administración de las Cajas de Ahorro de su ámbito. Esta dinámica empezó a proliferar y llegó a extremos, en algunos casos, sencillamente grotescos, como el protagonizado por Caja Castilla-La Mancha —con fuerte presencia del PSOE y un notorio silencio del PP—, o Caja Sur, ligada a la Iglesia Católica en Córdoba, en la que los excesos y la falta de profesionalidad superaron todo lo admisible. La burbuja inmobiliaria así creada empezó a crecer. Hay que recordar, no obstante, que no todas las Cajas de Ahorro pasaron por estos procesos ni de la misma forma, pero todo el sistema de las Cajas se vio sometido a tensiones internas en este sentido: abandonar la rentabilidad social e ir, directamente, a la rentabilidad privada o de grupos de poder e influencia.
El resultado fue una gigantesca oferta de vivienda construida que ninguna demanda justificaba. En España, debe recordarse además, la oferta de alquiler es limitada, con una oferta muy pequeña a causa de las pautas «culturales» de los empresarios españoles. Las grandes constructoras mantenían altos los precios porque podían permitírselo, las pequeñas y medianas constructoras que tenían el apoyo público de las Cajas también lo hicieron. Cuando los sufridos ciudadanos empezaron a tener problemas para lograr crédito e hipotecas o empezaron a sufrir retrocesos salariales y la amenaza de la precariedad laboral, la demanda efectiva se hundió. Al hundirse la demanda, junto a un número realmente gigantesco de vivienda construida nueva más allá de todo lo razonable, las empresas constructoras, todas ellas, comenzaron a tener serios problemas. Las grandes empresas constructoras, fuese por tener recursos propios o por tener acceso a inversiones alternativas donde situar sus activos y lograr así mantener la circulación de ingresos, se resituarían en el mercado, disponiéndose a seguir adelante en otros sectores distintos. Que se despidiera a centenares de miles de trabajadores o se arruinase a miles de pequeñas empresas especializadas en suministros o subcontratas de la construcción, no tiene por qué ser una amenaza a la cuenta de resultados si se es suficientemente grande. Esta «reubicación» en el mercado explica el que en España las grandes constructoras —o capital y empresarios procedentes de ellas— se encuentren ahora bien situadas en sectores como el fútbol (algo más que anecdótico en una economía como la española), las empresas de la Energía (redes de distribución, petroleras, nuclear, y sobre todo la emergente e importantísima energía alternativa), las subcontratas privadas que llevan la gestión de importantes servicios públicos o incluso el sector privado de la asistencia social; hablamos de empresas muy diversificadas, con mucho capital y en algunos casos «demasiado grandes para caer».
La idea de que si caes en tu sector o actividad de origen es algo sinónimo de fracaso es incorrecta en el neoliberalismo, pues lo del sector es irrelevante, lo único importante es la tasa de reproducción del capital: la suerte de las empresas, los trabajadores y los ciudadanos es un factor secundario, si las plusvalías obtenidas pueden ser reinsertadas en otros circuitos.
La suerte de las constructoras ligadas a Cajas de Ahorro y que no procedían de lo que pudiéramos llamar «el gran capital» de arraigado origen, fue en cambio muy distinto. Al caer el mercado inmobiliario por una crisis que tomó como rehenes a los ciudadanos, colapsó el crédito y que había sido creada por la loca carrera especulativa emprendida, las empresas con menos apoyos sufrieron más. Quienes habían logrado capital para invertir gracias solamente a que las Cajas asumieron riesgos desmedidos comenzaron a tener serios problemas para pagar sus obligaciones. Las Cajas de Ahorro en las que se sobrepasaron los límites de riesgo se encontraron seriamente amenazadas. Pero el sistema de las Cajas de Ahorro en España no se encuentra en peligro por estas malas prácticas, sino porque la existencia misma del sistema de Cajas es visto como una amenaza por el sistema financiero privado, tanto español como internacional El problema de las Cajas no deriva de que los sacerdotes católicos ejecutivos de Caja Sur o los políticos del PSOE en Caja Castilla La-Mancha tuvieran amistades peligrosas con constructores irresponsables, las Cajas constituyen un problema por el sencillo hecho de existir. Entidades bancarias públicas, ligadas a territorios y a poblaciones concretas, con una obligación legal de ayudar a los ciudadanos y al tejido productivo real, sin accionistas que atender y con una finalidad social, con el respeto y la confianza de millones de personas, que podrán estar indignadas con las malas prácticas de sus políticos, pero que se han educado durante generaciones en que las Cajas de Ahorro son algo sin ánimo de lucro y en las que se puede confiar, es algo realmente muy peligroso. La gran banca privada desea entrar al saqueo de los activos, los clientes y los depósitos de las Cajas de Ahorro y ellos y la banca financiera internacional disponen en España de las mismas sinergias que aquellos constructores locales tuvieron con sus Cajas, y se está comenzando un camino conducente a liquidarlas. El gobierno del partido socialista se ha plegado por completo a esta dinámica atroz y ha decretado el inicio del fin del sistema de las Cajas, la última red bancaria pública que quedaba. Es significativo el silencio que guardó el Banco de España en los años en los que se sobrepasaron riesgos en las Cajas de Ahorro y mucho más significativa la propuesta de solución que se propugna. Matar al enfermo no es curar la enfermedad, salvo que lo que se busque es ocupar la casa del muerto por otros inquilinos.
El gobierno español propone, lo tiene ya en marcha, un plan para las Cajas de Ahorro consistente en convertirlas en Bancos. El sistema de Cajas precisa una inyección de dinero público que sanee las cuentas llevadas de forma incorrecta en algunos casos concretos, y aunque es un volumen importante, perfectamente asumible; las Cajas, por otra parte, se están fusionando entre sí para sumar activos y clientes y racionalizar costes. El sistema seguido se llama «fusión fría» y trata de evitar duplicar costes en las uniones de entidades, se están llevando a cabo miles de despidos y el cierre de miles de oficinas, pero el problema que encontramos no radica en estos hechos, que habría que analizar en detalle, sino en otro asunto: el problema es la desaparición del concepto mismo de Caja de ahorro como entidad bancaria pública, sin ánimo de lucro y con obligaciones sociales. Esta es la cuestión fundamental. Se está empleando dinero público para sanearlas y una vez hecho eso, las Cajas pasarán a presentarse en la Bolsa como sociedades por acciones, pasando por tanto a convertirse rápidamente en sociedades que ya no tendrán el bien común como finalidad, sino el beneficio de sus accionistas.
Hay más detalles estremecedores en este proceso. No solamente se liquida un gran sistema de crédito y ahorro publico al servicio del bien común, sino que se lleva a Bolsa de una forma que amenaza incluso hasta su supervivencia tras este paso. Al salir a Bolsa todo el sistema de Cajas a la vez, y dado su gran volumen, la capacidad del sistema bancario financiero internacional para valorar justamente y absorber algo así queda limitado. Todo parece indicar que se comprarán Cajas para luego liquidarlas, cerrando competidores después de enajenar sus activos más valiosos. En el sistema neoliberal la palabra clave no es «invertir» —un concepto de la era fordista—, sino «desinvertir», esto es, abandonar una inversión cuando las oscilaciones de precios lo aconsejen y obtener así dividendos. Una parte de las Cajas españolas será comprada por los Bancos privados españoles para heredar activos y clientes, liquidando así competidores, otra por los fondos de inversión especulativos deseos de «desinvertir» en los momentos que les sean favorables y otra por las inversiones estratégicas del capital chino o de los fondos soberanos de los emiratos árabes que desean situarse en la economía española, actuando además con los apoyos y sinergias de una parte del sistema político español que se está prestando gustoso a actuar como sus representantes. Los sauditas apoyaron las necesidades estratégicas occidentales asistiendo a la monarquía de Juan Carlos Borbón durante la Transición en ocasiones sensibles, por ejemplo, y también durante la campaña del Referéndum OTAN en los años ochenta; este nuevo servicio es más personal si cabe que aquellos, en esta nueva era neoliberal donde la integración de las elites mundiales es garantía de sus cada día más comunes intereses de clase en este mundo convulso.
La crisis financiera del 2007-8, la crisis de la burbuja inmobiliaria en España y todas las manifestaciones de crisis que se sufren son, en primer lugar, excusas para justificar un proceso de transformación muy profundo de toda la sociedad occidental. Las crisis son ciertas pero también lo es que los actores principales causantes de esos procesos son los que están dictando las soluciones y las reformas que supuestamente deberían poner a las consecuencias negativas de la crisis para la población. Vivimos en una situación donde el doble lenguaje —o mejor dicho, la deriva orwelliana del lenguaje— lo domina todo. Superar las consecuencias de la crisis no es igual a lograr mantener el nivel de vida de la población y asegurar salarios dignos y acceso a la vivienda, la salud, la educación y las pensiones, no, en modo alguno. Superar la crisis es lograr mantener el incremento de las plusvalías del capital aunque para ello haya que sacrificar a los ciudadanos. La crisis es un drama a solucionar solamente si se considera que más pobreza, más inseguridad, más diferencias sociales, más precariedad laboral y más angustia para millones de personas son algo malo. Si se considera que la sociedad no existe y que el bien común no es más que la suma de los egoísmos individuales, que la propiedad y el dinero son la única garantía de libertad y que pretender derechos sociales y una vida digna para millones de personas es un camino de servidumbre, entonces no hay drama ninguno, solamente un mundo lleno de posibilidades para emprendedores sin lastres morales antiguos. La lucha de clases es más fuerte que nunca y la tendencia dominante es la de un darwinismo social feroz que justifica y ampara toda la miseria del presente y la que está por llegar.
Se hace necesario añadir que existen voces que denuncian estos procesos y que reclaman cambios urgentes de políticas y prioridades, pero lo hacen suponiendo que en el mundo real basta con tener razón o defender el bien común para que la verdad se imponga. No es así. Vivimos bajo el imperio del cinismo. El poder financiero, que tiene nombre y apellidos, sabe perfectamente cuáles son las imposturas ideológicas de sus servidores en los gobiernos, la política o la academia. El discurso que emplea la crisis para justificar las nuevas cadenas es notoriamente falso e impresentable, no soporta el mínimo análisis con un cierto rigor epistemológico, pero esto no entra en la ecuación. El discurso de «los 100 economistas», el del Banco de España, el de los dirigentes de la patronal o de los reconocidos astrólogos de la Escuela Austriaca no es un discurso científico, sino ideológico en el peor y más miserable sentido de la palabra. Para poder combatir esta situación es preciso hablar claro, sí, pero también hacer frente a las contradicciones, a todas ellas. Es por ello que cuando algunos de los más respetados colegas que como Juan Torres López, Carlos Martínez, o el propio Vicenç Navarro denuncian estas imposturas valientemente, pero son incapaces de exigir públicamente que los representantes de los Sindicatos CC.OO y UGT o de los partidos de izquierda en las Comunidades Autónomas o de los ayuntamientos en los Consejos de Administración planten cara a estas situaciones terribles que vivimos, a muchos se nos haga muy difícil soportarlo.
Difícilmente vamos a poder hacer frente al capital financiero internacional en lucha por sus intereses y dispuesto a sacrificar al planeta entero, si se es incapaz de llamar al orden a las propias filas. Es lo malo de suponer que todo apoyo es bueno. En ocasiones los que están asustados por el alcance de tus palabras te abrazan para que no puedas moverte. Algunos de los apoyos a las llamadas «Mesas de convergencia» parecen buscar ese abrazo del oso. Quienes compartimos esta preocupación por cambiar las cosas y cambiarlas ya, debemos hablar y converger, estoy de acuerdo, pero debemos hacerlo con claridad y combatiendo las contradicciones. Algunos estamos ya muy mayores para «converger» con Santiago Carrillo o con Gaspar Llamazares , mientras los colegas respetados de ATTAC ponen el coro con una ingenuidad aterradora. Con los compañeros de ATTAC podemos ir hasta donde haga falta, con el cinismo de quienes votan a Esperanza Aguirre en Caja Madrid, no, por mucho que digan querer apoyar la «convergencia».
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