Ante la posibilidad de un Pacto por la Educación.

En el contexto de grave crisis económica que vivimos son muchas las voces que, desde diferentes ámbitos y puntos de vista, ven en la educación y en la formación de las personas un factor estratégico para hacer frente a la recesión económica.

 La escuela es un elemento esencial para formar a las personas como ciudadanos y trabajadores que contribuyan a las transformaciones sociales y productivas que se necesitan para romper con el modelo del ladrillo especulativo y del empleo precario, poco cualificado y mal retribuido, además de para avanzar hacia una organización social más igualitaria y un nuevo modelo industrial basado en el conocimiento.

No es pues de extrañar que la posibilidad de un acuerdo que intente dar estabilidad al sistema educativo y buscar solución a los problemas de la educación en España, en especial el alta tasa de abandono y fracaso escolar, haya suscitado simpatías en amplios sectores sociales.

De hecho una reciente iniciativa regional proponía que se impulsara también un Pacto de similares condiciones en Castilla y León. Sin embargo, hasta ahora, los contenidos propuestos no pasan de declaraciones vagas y ambiguas, compatibles con un escenario regresivo para el futuro de la Escuela Pública. Sospecha esta que se ve corroborada por el reparto de prioridades expuestas en los Presupuestos tanto del Estado como de nuestra Comunidad Autónoma.

Para ceñirnos al ámbito regional, propio de nuestras organizaciones, la partida que corresponde a Educación en los presupuestos de Castilla y León para 2010 es inferior a la que le correspondería, tanto por PIB regional como por porcentaje respecto al conjunto del Presupuesto (que ocupa el 6º lugar en el ranking de las CCAA españolas, mientras que el presupuesto de Educación ocupa el 8º en dicha clasificación).

En relación con el ejercicio anterior los actuales presupuestos suponen un aumento del gasto público del 0.56 %. Sin embargo, el destinado a los centros concertados aumenta el 3.34 %. Como consecuencia de dichos Presupuestos crecerá la ratio de alumnos por aula en colegios e institutos públicos, se intensificarán los recortes en los programas de conciliación de la vida familiar y laboral y caerán notablemente las inversiones reales y partidas como la de “Reparación, Mantenimiento y Conservación”.

La conclusión lógica de dichos números es que la educación no es algo prioritario para la Junta de Castilla y León. Además, lo exiguo del gasto público en Educación y el hecho de que crezcan las subvenciones a la enseñanza privada, mientras disminuyen partidas esenciales para el funcionamiento de la educación en nuestra región, suponen un ataque a la Escuela Pública. Este hecho no es nuevo: en diciembre de 1999 la inmensa mayoría de los agentes sociales firmaron con la Junta de Castilla y León el “Acuerdo por la mejora del sistema educativo de Castilla y León”. En dicho acuerdo las organizaciones firmantes se comprometían a “Atender a la mejora constante de la red pública de enseñanza, manteniendo el actual equilibrio y colaboración con la enseñanza privada concertada”. Sin embargo, el equilibrio existente en el momento de la firma de dicho acuerdo se rompió al concertar la Consejería de Educación la práctica totalidad de la Educación Infantil, además de la Enseñanza Obligatoria y de muchos Ciclos de Formación Profesional y Bachilleratos, mientras el alumnado con necesidades de compensación y necesidades educativas especiales se concentraba en los centros públicos.  No parece por ello que la mejor manera de abordar los problemas educativos de nuestra región sean debates como el de “la autoridad del profesorado”, que simplifican los problemas de convivencia en los centros, lanzando una cortina de humo para desviar la atención sobre los mismos.

Dicho todo lo cual, no podemos esperar confiados en que un Pacto por la Educación entre los partidos mayoritarios vaya a resolver los problemas de la Escuela Pública.

Por esa razón, los firmantes de este manifiesto llamamos a la Comunidad  Educativa y al conjunto de la sociedad a movilizarse para exigir a la Junta de Castilla y León un compromiso político y social que garantice, para  salir de la crisis, las medidas siguientes:

􀂃 Aumento sostenido del gasto público en educación hasta llegar al 7 % del PIB (también en el ámbito regional), destinando lo fundamental de dicho incremento a la red pública y a programas compensadores de  desigualdades, además de a formación y nuevas tecnologías.

􀂃 Mecanismos que eviten la competencia desleal de la enseñanza concertada hacia la Escuela Pública, que impidan que esta última pueda convertirse en un gueto.

􀂃 Escolarización con criterios idénticos, transparentes y únicos, estableciendo una nueva normativa de escolarización, consensuada con la Comunidad Educativa, en la que se contemple la distribución de la matrícula por zonas.

􀂃 Rescisión de los conciertos en las etapas no obligatorias, allí donde las necesidades educativas estén cubiertas por centros públicos.

􀂃 Rescisión del concierto a los centros que no cumplan los criterios de escolarización establecidos, en especial los referidos a situación social, étnica, de capacidad o de sexo.

􀂃 Realización de auditorias externas sobre la gestión de los colegios concertados que comprueben la gratuidad efectiva de dichos centros financiados con fondos públicos.

􀂃 Consideración del ciclo 0-3 como educativo, promoviendo la construcción de una amplia red de escuelas infantiles públicas (tanto en su titularidad, pasando a depender de la Consejería de Educación, como en la gestión). Paralización de las transferencias de las EEII de la Junta de Castilla y León a las Administraciones Locales. Adopción de medidas educativas y de compensación ante los primeros problemas de aprendizaje de manera temprana, es decir, desde la educación infantil.

􀂃 Articulación de medidas no sólo educativas (apoyos, desdobles, programas de diversificación curricular…) sino sociales y laborales (reduciendo, por ejemplo, las posibilidades de contratación de personas sin cualificar) sobre el abandono escolar, reforzando la orientación académica y profesional, aumentando recursos humanos y materiales.

􀂃 Extensión y potenciación de la red pública de FP, ampliando y adecuando la oferta de ciclos formativos y de los PCPI.

􀂃 Carácter público, tanto en titularidad como en gestión, de los servicios educativos complementarios (comedores, programas de conciliación de la vida laboral y familiar…)

􀂃 Gratuidad de libros de texto y comedores, además del transporte escolar de la zona rural.

􀂃 Responsabilidad directa de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León sobre actividades extraescolares y complementarias como marca el Art. 73.2 del Estatuto de Autonomía, ofreciendo un amplio abanico de actividades de calidad y gratuitas.

􀂃 Cumplimiento de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre presencia de símbolos religiosos en las aulas, en la perspectiva de una escuela laica en la que la religión salga fuera del horario lectivo.

Ese mismo compromiso social y político por la Educación Pública, de calidad y compensadora, se lo exigimos también al Gobierno Central, que ha de asumir su responsabilidad tanto en materia presupuestaria como legislativa e impulsar políticas de apoyo decidido al modelo de escuela pública, laica y gratuita que las organizaciones firmantes de este manifiesto defendemos.

– Asociación Cultural Escuela Laica

– CCOO de Enseñanza de Castilla y León.

– C.G.T.

– CONFAPACAL.

– Izquierda Unida Castilla y León.

– ESTECyL- i.

 

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