Desde el final del verano pasado la crisis económica está golpeando duramente a las clases populares españolas: asalariados, autónomos, pequeños y medianos empresarios, pensionistas,… Sus responsables, como venimos diciendo, son los bancos y grandes capitalistas (y su sistema), que han especulado a trochemoche para obtener grandes ganancias rápidamente.

El neoliberalismo (máxima libertad para que el capital haga y deshaga a su antojo) en las últimas décadas ha hecho que los beneficios de los capitalistas aumenten enormemente mientras bajaban los salarios de los trabajadores (En España, sus rentas han pasado de ser el 72% de la renta nacional al 61% en el periodo 1992-2005), llegando un momento en que éstos no pueden comprar lo que las empresas de aquéllos producen. Básicamente éste es el origen de la crisis. Un círculo vicioso.

Lejos de lo que dice el Gobierno del PSOE, España está peor preparada que otros países para afrontarla, debido en gran medida a un modelo económico basado en la especulación, el ladrillo y el turismo. Veámoslo.

Los últimos datos sobre la crisis en España son que hay más de 3,5 de millones de  parados (se calcula que para finales de año se llegue a los 5 millones), de los cuales cerca de 1 millón no tienen ni prestación, ni subsidio de desempleo; cerca del 80% de los nuevos parados (datos diciembre), además, son hombres, lo que significa que el empleo que se pierde es el más seguro y de mejores condiciones; más de 800.000 familias tienen a todos sus miembros en paro; las hipotecas astronómicas ahogan a miles de ellas, con el miedo del desahucio a sus espaldas; el 23% de la población tiene problemas para llegar a fin de mes; la pobreza ha aumentado, especialmente la infantil (por encima del 24 %).

Ésta es la lamentable situación social en la que nos hallamos las clases trabajadoras mientras que una minoría nada en el lujo y obtiene beneficios insultantes: los del Banco Santander y BBVA, por ejemplo, han sido en 2008 de 8.876 y 5.020 millones de €, respectivamente.

¿Qué medidas ha tomado el Gobierno? Por un lado parchear aquí y allá (las ayudas a los trabajadores tienen muy limitado alcance) sin ningún plan económico. Por el otro: a) inversión en infraestructuras y vivienda, que reforzará el desequilibrio de nuestra débil estructura económica y seguirán lucrándose los mismos magnates corruptos del ladrillo (unos de los responsables de la profundidad de la crisis); y b) poner en manos de los mismos que la han provocado, los banqueros, ingentes cantidades de dinero público, que están utilizando para tapar sus agujeros y que no llega a las familias, a los autónomos, a las PYMES, que se ven asfixiados. Además, ha aumentado el gasto en sectores no productivos (fuerzas armadas, cuerpos de policía,…) y parasitarios (Iglesia) y ha disminuido (%) el destinado a servicios públicos.

¿Qué dice el PP? Con la desvergüenza que le caracteriza, habla de ayudar a las familias, a los trabajadores y a las PYMES cuando siempre han trabajado para la banca y el gran capital, para los grandes constructores y los especuladores (¡populismo barato!). Quiere reducir el gasto público, lo que impide la creación de empleo; apuesta por reformar el mercado laboral (léase: a favor de la patronal); y disminuir los impuestos (léase: a las grandes fortunas).

Y es que más allá de las diferencias formales la política económica de PP y PSOE ha sido y es en esencia la misma, en beneficio de los de siempre: fiscalidad regresiva, reducción del gasto público, libertad para el capital sobre todo el especulativo, desmantelamiento del tejido industrial, privatizaciones,…

La respuesta, a la crisis, del Régimen en su conjunto (el Parlamento aprobaba hace unos meses la concesión de hasta 100.000 millones de € a las entidades financieras) ha sido la defensa de los intereses del puñado de banqueros y grandes capitalistas, de la oligarquía financiera. ¡Así entienden la “democracia”: pelotazos para los de siempre y palos para los trabajadores!

¿Es posible otra política? SÍ, y además es absolutamente necesaria. Necesaria para afrontar la crisis y mejorar la situación y condiciones en que se hallan los sectores populares. Hay que revertir la actual política económica implantando un nuevo modelo económico, democrático, basado en la planificación y que atienda a la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales de la mayoría trabajadora y no al lucro de unos pocos.

Para ello hay que tomar una serie de medidas, algunas de las cuales son:

– LA INTERVENCIÓN DIRECTA DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA. Control social de los sectores económicos estratégicos y elaboración de un plan de desarrollo económico armónico que priorice la creación de un potente sector público industrial, único garante de un empleo estable. Rígido control de las empresas multinacionales, para acabar con los EREs injustificados, las deslocalizaciones,… Nacionalización real de la banca, para hacer llegar directa y fluidamente la financiación a familias, autónomos y PYMES. Reducción de la jornada laboral sin reducción del salario y prohibición de las horas extraordinarias, para fomentar el empleo. Fomento del cooperativismo en el sector agrario, para evitar la especulación de precios y el abuso de los intermediarios.

DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Establecer por ley la prohibición de privatizar los servicios públicos esenciales: sanidad, educación, energía,… Revertir a manos públicas los servicios privatizados. El sector público es la garantía de los derechos sociales para la mayoría de los ciudadanos. Drástico incremento del gasto público en Educación, Sanidad y servicios sociales, y de la correspondiente oferta de empleo público, que sería un revulsivo para el fomento del empleo.

INCREMENTO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ESTADO. Fiscalidad progresiva (gravar más a quien más tiene): aumento de los impuestos directos y disminución de los indirectos; aumento del tipo máximo del IRPF a las rentas más altas; incremento del Impuesto de Sociedades a las grandes empresas; aumento del gravamen sobre las viviendas vacías; recuperación del Impuesto de Patrimonio (En 2005 se recaudó 1.442 millones €, recaudación que podría multiplicarse por cuatro si se atajase el fraude). Lucha sin cuartel contra el fraude fiscal, que supone en nuestro país unos 88.000 millones de € (8.8% PIB). Supresión de las ayudas públicas a la Casa Real y grandes terratenientes. Vuelta a España de las tropas militares en el extranjero (gastos en 2008: unos 2.400 millones €).

MEJORAS DE LAS CONDICIONES SOCIALES DE LAS CLASES POPULARES. Incremento del salario mínimo, hasta el 60 % del salario medio. Incremento del subsidio de paro, pasando a ser indefinido, y reducción de los requisitos para cobrarlo. Incremento de las pensiones, sobre todo las más bajas. Prohibición de los desahucios cuando la hipoteca pese sobre la primera vivienda. Moratoria en el pago de la hipoteca sobre la primera vivienda cuando su cuantía sea superior al 40% del salario. Condonación del pago de la hipoteca a los parados mientras dure su situación. Creación de un potente parque de viviendas públicas en alquiler. Transporte urbano gratuito para los parados y sus familias.

Somos conscientes, sin embargo, que la aplicación de estas medidas choca con el actual marco político estatal, pues van en contra de quienes ahora tienen el poder: la minoría oligárquica y su régimen monárquico.

Esto explica nuestra apuesta (y la de la Coordinadora Municipal Republicana) por la III República, que ha de ser democrática y popular.

Marzo de 2009

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