Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario PÚBLICO, el 12 de enero de 2011.

Estamos viendo durante estos años de crisis el intento más intenso y masivo por parte de las autoridades de la eurozona –Banco Central Europeo (BCE), Consejo Europeo y Comisión Europea– así como del Fondo Monetario Internacional (FMI) de debilitar, en cada país de la zona euro, el mundo del trabajo, la protección social y el Estado del bienestar. La evidencia de ello es contundente. Recortes de derechos laborales y sociales y de gasto público social están ocurriendo a lo largo de los países de la eurozona, dándose con especial intensidad en los países de la periferia de la eurozona, conocidos como los PIIGS (Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España). No pasa día sin que noticias sobre recortes y reducción de derechos golpeen las páginas de los rotativos de mayor difusión. La generalización de tales medidas en la mayoría de países de la eurozona se presenta como un indicador de su inevitabilidad, es decir, de la necesidad de que se lleven a cabo para salir de la crisis.

La evidencia que se ha ido acumulando muestra, sin embargo, que tales medidas no sólo no están contribuyendo a la salida de la crisis y de la recesión, sino que la están empeorando. Los datos reflejan claramente que tales políticas están reduciendo todavía más la demanda necesaria para estimular la economía. Y puesto que la demanda generada en el sector privado está estancada (resultado en España del enorme agujero creado en la economía por el estallido de la burbuja inmobiliaria), el único sector que podría estimular la economía es el sector y el gasto público. De ahí que la reducción de tal gasto público sea un gran error, pues imposibilita la salida de la crisis. De nuevo, la evidencia de ello es abrumadora. Sólo los economistas y políticos neoliberales, que dominan los medios de mayor difusión, continúan repitiendo el dogma neoliberal que está ya profundamente desacreditado empíricamente.

¿Por qué entonces se están imponiendo tales políticas? Es más que dudoso que las autoridades de la eurozona y del Fondo Monetario Internacional no conozcan la abrumadora evidencia que muestra el fracaso de tales políticas. El hecho de que, a pesar de ser conscientes del daño de tales políticas al bienestar de la mayoría de la ciudadanía y a la propia economía, continúen imponiéndolas se debe a que están utilizando esta situación de enorme crisis (acentuándola incluso) a fin de forzar con mayor contundencia lo que los grupos dominantes en estas instituciones (el capital financiero, es decir, la banca y las grandes empresas transnacionales) siempre han deseado: debilitar al mundo del trabajo y al Estado del bienestar.

Más y más información se está haciendo pública mostrando el tipo de presiones que tales organizaciones (y, muy en especial, el BCE y el binomio Merkel-Sarkozy) han estado realizando para que los gobiernos reciban “ayudas” (lo pongo entre comillas porque un porcentaje de tales transferencias está encaminado a que los estados receptores puedan pagar sus deudas públicas a los bancos alemanes y franceses, entre otros). El Banco Central Europeo supedita estas ayudas –en forma de compra de deuda pública– a que hagan reformas que claramente debiliten el mundo del trabajo (tales como eliminar la indexación de los salarios o la descentralización de los convenios colectivos) y reduzcan sus estados del bienestar (tales como la privatización de las pensiones o de los servicios sanitarios), todas ellas medidas que tienen muy poco que ver con la génesis de la crisis o con la salida de ella. El argumento que utilizan para justificar la imposición de tales políticas es que aumentarán la competitividad de la economía de los países PIIGS y con ello aumentarán las exportaciones, que debieran ser el motor del crecimiento económico y la salida de la crisis.

De nuevo, la evidencia existente (que es también bastante abrumadora) cuestiona que los países PIIGS puedan salir de la crisis a base de tales políticas, pues el mayor problema que tienen estos países no es ni su inexistente elevado gasto público, incluido el social (que es de los más bajos de la UE), ni la falta de competitividad (las exportaciones han continuado creciendo en España durante la crisis), sino su escasísima demanda. Pero el hecho de que la evidencia muestre que este argumento es erróneo o falso no les frena para que continúen imponiendo tales políticas, admitiendo, como hacen los economistas Kenneth Rogoff y Carmen Reinhart, muy influyentes en el FMI, que el impacto de tales políticas supuestamente positivas no se verá por mucho tiempo, de diez a quince años a partir de ahora.

Esta situación es insostenible e intolerable. Condena a varias generaciones a un futuro miserable. De ahí que debiera considerarse lo hasta ahora impensable: la salida de España del euro. No hay duda de que sería un paso difícil, pero no necesariamente peor que lo que se predice para los próximos diez y quince años. Alternativas, en contra de lo que dicen Rogoff y Reinhart, existen. Salvando las diferencias (que las hay) entre Argentina y España, el hecho es que Argentina en 2001, tras romper la paridad con el dólar y las políticas impuestas por el FMI, bajo el Gobierno Kirchner, recuperó su propio control del valor de la moneda y de su Banco Central, permitiéndole en tres años que su PIB fuera ya el que existía antes de la crisis, siendo a partir de entonces el país de América Latina que ha tenido mayor crecimiento económico. Letonia, en cambio, siguió las políticas que está imponiendo el FMI y hoy su PIB es un 20% inferior al que tenía al iniciarse la crisis. Es importante que para el bien de las clases populares se inicie un debate en España sobre los excesivos costes de pertenecer al euro, y de los que la población parece ser ya consciente. Según una reciente encuesta, el 70% de la población española tiene mayores reservas hacia el euro. ¿Cuándo se iniciará tal debate en España?

]]> http://mupr.wordpress.com/2012/01/25/salirse-del-euro/feed/ 0 mupr euro http://mupr.wordpress.com/2012/01/24/nota-de-prensa-de-confapacal/ http://mupr.wordpress.com/2012/01/24/nota-de-prensa-de-confapacal/#comments Tue, 24 Jan 2012 21:11:02 +0000 mupr http://mupr.wordpress.com/?p=2492 ]]> Al comienzo del segundo trimestre del curso escolar, CONFAPACAL, vuelve  a manifestar públicamente la situación de precariedad económica en la que se encuentra el movimiento asociativo de madres y padres de nuestra Comunidad, ya que el abono del 50% de las subvenciones del curso 2010/2011, está pendiente a la mayoría de las Federaciones provinciales y a la propia Confederación regional y también un porcentaje bastante alto de AMPAs no han recibido la subvención del pasado curso.

Por tanto decimos alto y claro, que la Escuela Pública, no debe sufrir ningún tipo de recorte  y que “invertir” en Educación hoy en garantizar un futuro de desarrollo y progreso para todos y todas.

El principal motivo de esta reclamación es que si un ayuntamiento  no cobra  las tasas no tiene garantizada una fiscalización de sus cuentas, y en este momento, con la crisis que estamos padeciendo, es fundamental.

El MUP-Republicanos, seguirá defendiendo la vuelta a manos públicas de los servicios municipales privatizados y, en este caso, el de la gestión del agua y alcantarillado, lo que, entre otras cosas, ayudaría a reducir los gastos del ayuntamiento.

Arévalo, a 19 de Enero de 2012

Esto es un error, la información correcta es la siguiente:

Se formularon las siguientes preguntas: ”Sobre la limpieza de los excrementos caninos por la abundante proliferación. Nº de animales de compañía censados. Controles por parte de la Policía Local al estar obligados a llevar identificación. El cobro de la tasa por tenencia de animales y la cantidad de € que se recaudan”

Esta información ha sido tomada de: http://psoearevalo.blogspot.com/2011/12/pleno-orninario-diciembre-2011.html

Pedimos disculpas.

La Iglesia recibirá 13 millones de euros al mes

El Buscón

El decreto de medidas urgentes para la corrección del déficit público ha metido la tijera en las partidas destinadas a pensiones, impuestos, carburantes… todas las partidas. ¿Todas? No. Un capítulo sigue siendo irreductible a los recortes: el del cepillo de la Iglesia Católica.

Escondido en la disposición adicional séptima del decreto (en la página 146.615) el gobierno ha dispuesto una asignación mensual de 13 millones de euros al mes para la Iglesia Católica que llegará –como mínimo– hasta el 30 de noviembre de 2013. Eso significa que, pese al recorte en todas las partidas del presupuesto, la Iglesia recibirá 156 millones de euros de aquí al momento de su liquidación de cuentas.

Los media dominantes y los partidos dinásticos (PP, PSOE, CIU) cierran filas alrededor del Borbón. Quieren frenar el escándalo provocado por su yerno para que no se lleve por delante a la Monarquía. Con singular tesón, tratan de evitar que el dedo acusador de la plebe apunte al trono para hacer recaer las culpas exclusivamente en el ex jugador de balonmano y para que su hija, metida hasta el tuétano en estos negocios fraudulentos y delictivos, no se vea salpicada por el escándalo y pueda librarse de los tribunales.

Lo malo es que la realidad es tozuda y hace imposible que las cosas se puedan ocultar tan fácilmente y durante tanto tiempo. Tanto que la misma Corona tuvo que pasar por el mal trago de reconocer que los negocios peligrosos de Urdangarín ya eran conocidos en Zarzuela desde hacía varios años.

Ahora bien, cualquier observador no apasionado debería haberse percatado (si es que no esta adormilado por tanto mensaje de distracción) que tan sorprendente y cómplice afirmación ni escandalizó a nadie ni provocó debates de altura en los medios de comunicación de referencia. Sin embargo, sí que parece imprescindible escandalizarse y sí que resulta necesario denunciar, incluso hasta el aburrimiento y el cansancio, la desfachatez y la impunidad propia del Antiguo Régimen con la que el Rey Borbón y los que lo tapan y secundan están tratando este asunto. Porque realmente si esto es así, si en la Zarzuela eran conocedores de tal desaguisado, Juan Carlos Borbón habría dado, una vez más, otra vuelta de tuerca a sus ya ancestrales practicas de mentiroso patológico y desvergonzado infractor compulsivo de las leyes. Hagamos memoria

En 1969 con treinta y un años de edad y en el acto de su designación por las Cortes como sucesor de Franco en la Jefatura del Estado a titulo de Rey, juraba delante de los evangelios y ante la mirada del dictador “lealtad a su Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y demás leyes fundamentales del reino” y reconocía, en sus propias palabras, “la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936” y, por tanto, una legitimidad como futuro monarca asentada en el golpe de estado del 36 y en varias décadas de dictadura.

Seis años más tarde, con el cuerpo de Franco caliente todavía en su ataúd y ante unas Cortes que lo acababan de proclamar Rey, aún se le oyó decir que “juro por los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del Reino y guardar lealtad a los principios que informan el Movimiento Nacional”. Era la segunda vez que repetía ese juramento, solo que esta vez, lo adornaría añadiendo sin pestañear que “una figura excepcional entra en la Historia. El nombre de Francisco Franco será ya un jalón en el acontecer español y un hito al que será imposible dejar de referirse para entender la clave de nuestra vida política contemporánea”. Ni más ni menos. Tres años después se promulgaba la Constitución de 1978. En aquella ocasión juristas de confianza de la villa y corte y actores prominentes de la llamada “transición”, le habrían recomendado que no cometiera la torpeza de jurarla porque, de ser así, quedaría señalado por la historia como un perjuro; calificativo y condición que en la práctica nadie le puede ya discutir.

Ahora, el Borbón, afirma y reconoce sin pudor alguno que ya era conocedor de los negocios fraudulentos de su yerno tres años antes de que el juez instructor y los medios hayan sacado a la luz pública el escándalo. De ser así, y no hay razón para contradecir a tan egregio personaje, nos encontraríamos con que además de perjuro, Juan Carlos sería también encubridor de un delito a sabiendas de su existencia. Ciertamente Juan Carlos es I de España, pero podría ser también un perjuro y un encubridor.

Pero todavía hay más. Después de haberle oído decir en el discurso de Navidad que la “ley es igual para todos,” y sabedores como somos de que el artículo 56.3 de la Constitución dice textualmente que” la persona del Rey es inviolable y no esta sujeta a responsabilidad” deberíamos – y no a nuestro pesar – añadir a los ya acreditados títulos de perjuro y encubridor que Juan Carlos Borbón se habría ganado a pulso, los no menos edificantes de cínico y mentiroso

Tras la publicación de las retribuciones de algunos miembros de Caja de Ahorros de Ávila/Bankia, las medidas de recorte del nuevo gobierno y la nueva subida de las listas paro a nivel  estatal, 15M Ávila quiere mostrar una vez más su indignación con la casta política que nos desgobierna y se llena los bolsillos en pos “del interés general”.

Es inadmisible que cualquier cargo público ostente además numerosos subcargos con sus millonarios sobresueldos. El caso más espinoso en nuestra provincia es el de Agustín González, alias Topamí, que ha llegado a  tener trece cargos derivados de su condición de Presidente de la Diputación, utilizando a esta institución para su promoción personal aderezada con suculentos rendimientos económicos para su cuenta corriente, como ya ha quedado demostrado.

En la misma lista facilitada por la entidad bancaria aparecen nombres de otros ilustres políticos abulenses entre ellos, nuestro actual alcalde, Miguel Ángel García Nieto, del que se conoce también su multiplicidad de cargos, José María Monforte, actual alcalde de Candeleda y antiguo concejal de la capital o Ángel Acebes, ex ministro y ex alcalde.

No muy lejos de aquí, en la provincia de León Isabel Carrasco Lorenzo, presidenta de la diputación de León, suma en su haber otros doce cargos conocidos siendo otro caso de comportamiento no ejemplar, ahora que está de moda dicha expresión.Por todo esto, 15M Ávila solicita:

-          La inmediata puesta en marcha en la Ley de Transparencia Política.

-          Que la autoridad administrativa competente estudie los casos de multiplicidad de cargos por si vulnerasen la ley de incompatibilidades.

-          E instar al Ministerio fiscal a investigar de oficio si estas multiplicidades de cargos han podido vulnerar algún delito de los tipificados en el Código Penal.

 Así mismo, 15M Ávila exige:

-          La dimisión inmediata de Agustín González de todos los puestos que ostenta por dignidad, ética política y respeto a todos ciudadanos.

-          Y la dimisión inmediata de todo político que tenga, por razón de su cargo público, puesto en la entidades bancarias y perciba salario o “dietas” de ambas.

Animamos a los ciudadanos que depositaron su confianza y sus ahorros en las Cajas a que soliciten mediante queja escrita  la dimisión de todos ellos pues es hora de dejar la indignación y pasar a la acción.

Por último queremos denunciar públicamente las declaraciones de PSOE y UPyD por hacer un uso totalmente partidista de los datos aparecidos en la prensa. Nos parece lamentable que tanto Pedro José Muñoz como Manuel Vicente pretendan dar lecciones de honestidad, ética y moral cuando ellos mismos han sido complices de estos hechos desde hace años y no los han denunciado públicamente o cuando no renuncian a sus sueldos como cargos públicos a pesar de tener otros ingresos.

Cargos de Agustín González: Presidente de la Diputación de Ávila, alcalde de Barco de Ávila, presidente de Caja de Ávila, presidente de ASIDER, presidente de la Comunidad de Servicios de Barco de Ávila y Piedrahita, presidente de la Asociación Cultural Santa Teresa, consejero del Banco Financiero de Ahorros, presidente de la comisión ejecutiva de Caja de Ávila, presidente de la comisión de retribuciones de la misma Caja, presidente de la Comisión de la Obra Social. Y hasta hace poco fue presidente de la Federación de las Cajas de Ahorros de Castilla y León, presidente del consejo de administración de supermercados El Árbol y presidente de Madrigal Participaciones.